Inmigración y sanidad
Teníamos el clamor popular clásico (y rancio) denunciando a los inmigrantes como responsables del paro. Aún cuando la realidad desmiente esta denuncia, el clamor aún puede ser escuchado en ciertos sectores. La realidad es que España, como otros países de su entorno, es un país que oferta empleo por el simple hecho de que hay determinados nichos laborales que no son ocupados con mano de obra española: servicio del hogar, agricultura, construcción. Y la población extranjera está ocupando dicho nicho, con contrato o sin él. Los responsables de la administración deberían explicar a qué trabajadores hay que agradecer los superávits que la Seguridad Social tiene año tras año, así como de los récords históricos de afiliación. Quizás así se destierre de una vez por todas este tópico.
Otro clamor popular más reciente es el que asocia el aumento de la inmigración al de la delincuencia. Aunque reciente, esta denuncia tiene raíces históricas en España, con la vinculación racista de la población gitana a la delincuencia. Una diferencia con el clamor anterior, es que éste es coreado y alentado por los responsables gubernamentales, dando así crédito a la denuncia popular. Estos mismos responsables deberían explicar que la delincuencia se asocia a la marginación, y si un sector de la población extranjera en España está relacionada con la delincuencia es por la situación de marginación a la que les empuja la política de inmigración actual y los prejuicios de todos. Algunos políticos asocian la delincuencia sólo a los inmigrantes así llamados ilegales (porque la legislación les coloca en dicha situación). La inmensa mayoría de estos trabaja en la economía sumergida sin tener los derechos laborales básicos por culpa de la legislación que les convierte en delincuentes. Porque sí, es cierto, son delincuentes por el hecho de ser ilegales, y así lo reflejan las estadísticas policiales: cada detención por falta de permisos de residencia y de trabajo es considerado como un delito que contribuye al aumento la delincuencia en España. ¿O acaso alguien piensa seriamente que este sector de la población, estimado en unos 600.000 personas, son todos mangantes y asesinos? Me temo que sí, que muchos lo piensan. A diferencia del prejuicio que asocia inmigración y paro, el que vincula la inmigración a la delincuencia va a costar mucho más esfuerzo erradicarlo.
Pero desde este lunes se ha oficializado un nuevo prejuicio que parece responder en parte a un clamor popular: el que relaciona la mala calidad de la sanidad pública a la inmigración. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la responsable de inaugurar dicha denuncia. Y lo hizo en un intento de tirar balones fuera respecto de una de sus promesas electorales: renunciaría al cargo si no reducía las listas de espera quirúrgicas a 30 días. Pero el lunes nos ilustró de que esto no iba a ser posible por culpa de los "ciudadanos de países extranjeros a los que les resulta más barato venir a Madrid que esperar en su país". En realidad los inmigrantes que llegan a España son individuos jóvenes y sanos, y viene a trabajar, por lo que no representan el estado de salud de las poblaciones de origen (son unos escogidos). Si enferman al llegar a nuestro país es debido tanto a la situación de estrés asociada al propio proceso de migración como a las condiciones en las que suelen vivir (asociadas a la marginación) y trabajar; y sobre todo debido a las numerosas barreras de acceso a los servicios de salud y farmacéuticos con las que se encuentran. Muchos temen que los inmigrantes supondrán un problema sanitario para la población española por las patologías importadas. Pero esto es una pura falacia básicamente porque en España no se dan las condiciones para la aparición de dichas enfermedades (como la malaria). Por el contrario, la condición de inmigrante, sobre todo ilegal, es la que empeora la salud de estos trabajadores. Además, a día de hoy el balance entre ingresos y gastos de la Seguridad Social por parte de los inmigrantes es positivo. Así que realmente "los ciudadanos de países extranjeros" podrían contribuir a la mejora de la sanidad pública a poco que los responsables administrativos supieran gestionar el aporte económico al que estos contribuyen. Esperemos, por tanto, como evolucionará este nuevo prejuicio contra la inmigración, que mucho me temo llegará a ser utilizado en la actual campaña electoral.
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
Otro clamor popular más reciente es el que asocia el aumento de la inmigración al de la delincuencia. Aunque reciente, esta denuncia tiene raíces históricas en España, con la vinculación racista de la población gitana a la delincuencia. Una diferencia con el clamor anterior, es que éste es coreado y alentado por los responsables gubernamentales, dando así crédito a la denuncia popular. Estos mismos responsables deberían explicar que la delincuencia se asocia a la marginación, y si un sector de la población extranjera en España está relacionada con la delincuencia es por la situación de marginación a la que les empuja la política de inmigración actual y los prejuicios de todos. Algunos políticos asocian la delincuencia sólo a los inmigrantes así llamados ilegales (porque la legislación les coloca en dicha situación). La inmensa mayoría de estos trabaja en la economía sumergida sin tener los derechos laborales básicos por culpa de la legislación que les convierte en delincuentes. Porque sí, es cierto, son delincuentes por el hecho de ser ilegales, y así lo reflejan las estadísticas policiales: cada detención por falta de permisos de residencia y de trabajo es considerado como un delito que contribuye al aumento la delincuencia en España. ¿O acaso alguien piensa seriamente que este sector de la población, estimado en unos 600.000 personas, son todos mangantes y asesinos? Me temo que sí, que muchos lo piensan. A diferencia del prejuicio que asocia inmigración y paro, el que vincula la inmigración a la delincuencia va a costar mucho más esfuerzo erradicarlo.
Pero desde este lunes se ha oficializado un nuevo prejuicio que parece responder en parte a un clamor popular: el que relaciona la mala calidad de la sanidad pública a la inmigración. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la responsable de inaugurar dicha denuncia. Y lo hizo en un intento de tirar balones fuera respecto de una de sus promesas electorales: renunciaría al cargo si no reducía las listas de espera quirúrgicas a 30 días. Pero el lunes nos ilustró de que esto no iba a ser posible por culpa de los "ciudadanos de países extranjeros a los que les resulta más barato venir a Madrid que esperar en su país". En realidad los inmigrantes que llegan a España son individuos jóvenes y sanos, y viene a trabajar, por lo que no representan el estado de salud de las poblaciones de origen (son unos escogidos). Si enferman al llegar a nuestro país es debido tanto a la situación de estrés asociada al propio proceso de migración como a las condiciones en las que suelen vivir (asociadas a la marginación) y trabajar; y sobre todo debido a las numerosas barreras de acceso a los servicios de salud y farmacéuticos con las que se encuentran. Muchos temen que los inmigrantes supondrán un problema sanitario para la población española por las patologías importadas. Pero esto es una pura falacia básicamente porque en España no se dan las condiciones para la aparición de dichas enfermedades (como la malaria). Por el contrario, la condición de inmigrante, sobre todo ilegal, es la que empeora la salud de estos trabajadores. Además, a día de hoy el balance entre ingresos y gastos de la Seguridad Social por parte de los inmigrantes es positivo. Así que realmente "los ciudadanos de países extranjeros" podrían contribuir a la mejora de la sanidad pública a poco que los responsables administrativos supieran gestionar el aporte económico al que estos contribuyen. Esperemos, por tanto, como evolucionará este nuevo prejuicio contra la inmigración, que mucho me temo llegará a ser utilizado en la actual campaña electoral.
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
