Elecciones y democracia
Siempre he pensado que en España hay un tremendo déficit democrático, en el sentido de que los ciudadanos no tienen vías para encauzar sus propuestas en ninguna de las administraciones, ni municipal, ni regional y ni mucho menos nacional. A pesar de todo uno intenta expresarse por métodos, digamos, alternativos: manifestaciones, concentraciones, recogidas de firmas o envío de cartas. Es triste ver como (casi) nunca estas acciones tienen alguna repercusión en las políticas gubernamentales. En realidad estas acciones casi nunca consiguen convocar a mucha gente (salvo las inolvidables manifestaciones contra la agresión a Irak). Pienso que los españoles nos encontramos todavía en una tierna infancia democrática.
Pero se nos dice que la democracía consiste en poder manifestar nuestra opinión en las elecciones para representantes en ayuntamientos, asambleas y parlamentos. Concibo el acto de votar como una obligación a la vez que un derecho, y nunca he faltado a las urnas. Pero tras las elecciones siempre me embargar un profundo pesimismo. Lo mismo me ha ocurrido hoy, tras votar ayer para la Asamblea de Madrid. Porque, ¿como puede un partido decir que el apoyo que recibe de los ciudadanos ha aumentado en detrimento de su contrario, cuando ha perdido casi 100.000 votos (cierto es que el contrario ha perdido 150.000)? ¿Como estos retrocesos en números de votos pueden traducirse en más escaños (me refiero a que sentido democrático tiene esto)? ¿Cómo un partido que recibe el 48,45% de los votos emitidos puede conseguir más del 51% de los escaños? Y lo que es peor, ¿como un partido que recibe el apoyo de apenas el 30% de los electores puede gobernar con mayoría absoluta, despreciando al 70% restante (porque eso es lo que supone una mayoría absoluta, todos lo sabemos)?
A pesar de todo seguiré reclamando mayor participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, frente a las visiones elitistas de transferencia de la responsabilidad a los representantes políticos.
Desde la tierra de Lupe, un saludo
Pero se nos dice que la democracía consiste en poder manifestar nuestra opinión en las elecciones para representantes en ayuntamientos, asambleas y parlamentos. Concibo el acto de votar como una obligación a la vez que un derecho, y nunca he faltado a las urnas. Pero tras las elecciones siempre me embargar un profundo pesimismo. Lo mismo me ha ocurrido hoy, tras votar ayer para la Asamblea de Madrid. Porque, ¿como puede un partido decir que el apoyo que recibe de los ciudadanos ha aumentado en detrimento de su contrario, cuando ha perdido casi 100.000 votos (cierto es que el contrario ha perdido 150.000)? ¿Como estos retrocesos en números de votos pueden traducirse en más escaños (me refiero a que sentido democrático tiene esto)? ¿Cómo un partido que recibe el 48,45% de los votos emitidos puede conseguir más del 51% de los escaños? Y lo que es peor, ¿como un partido que recibe el apoyo de apenas el 30% de los electores puede gobernar con mayoría absoluta, despreciando al 70% restante (porque eso es lo que supone una mayoría absoluta, todos lo sabemos)?
A pesar de todo seguiré reclamando mayor participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, frente a las visiones elitistas de transferencia de la responsabilidad a los representantes políticos.
Desde la tierra de Lupe, un saludo
I+D civil y militar
La Fundació per la Pau acaba de publicar su "Informe sobre los presupuestos para I+D civil y militar en España (2004)" en el contexto de la campaña Por la paz: ¡no a la investigación militar! La inversión en I+D en España no alcanza el 1% del PIB lo que nos sitúa a la cola de Europa, donde la media de inversión es del 2% (con Suecia a la cabeza con un 4%). Sin embargo la situación es más lamentable ya que un 31% del total de fondos para I+D (es decir 1373 millones de euros) se dedica explicitamente a proyectos militares (esta proporción podría alcanzar el 44% según sea el destino, civil o militar, de una partidad de 531 millones). En contraste, los fondos para financiar la investigación en las Universidades y el CSIC sólo suponen un 10% (fondos que en cifras absolutas se han reducido un 7% desde el 2001), y los dedicados a la Investigación sanitaria, un 5%. Además, la mayoría de la inversión en I+D militar (1070 millones) se dedica en realidad a aportaciones y préstamos a largo plazo, reembolsables sin intereses, a empresas públicas (272 millones) y privadas (798 millones), con los cuales se financia tanto I+D como gastos de fabricación. De esta manera, cinco empresas (EADS-CASA, IZAR, ITP, SENER y Santa Bárbara Sistemas) se reparten, para programas de I+D militar, un presupuesto que es más de dos veces superior al que reciben en conjunto todas las Universidades españolas y el CSIC para I+D civil.
Los gastos del Estado en I+D militar se han estabilizado desde 1999, tras un espectacular aumento durante la primera legislatura del gobierno de Aznar. Inicialmente este aumento de la inversión en I+D militar se dedicó al desarrollo de tecnologías de comunicación y vigilancia en el contexto de las nuevas obligaciones de España tras su incorporación a la estructura militar de la OTAN (en contra de lo decidido en el referendum), así como al desarrollo y construcción del avión de combate europeo, el Eurofighter (que parece seguir teniendo algunos "defectillos"). Pero desde los presupuestos del presente año 2003, continuados en los del 2004, los proyectos a los que se dedican los fondos de I+D militar se han diversificado espectacularmente, incluyendo los carros de combate Leopardo y Pizarro, las fragatas F-100, los helicópteros de ataque Tigre, el submarino S-80, así como los misiles IRIS-T para el Eurofighter. Por tanto, la mayor parte de los fondos de I+D militar se destinan al diseño y construcción de armamento de carácter ofensivo, lo que deja en entredicho la "vocación humanitaria" del ejército español. Sin embargo, esta aparente contradicción quedó disipada esta semana, ya que, según declaró el presidente Aznar, en su lucha contra el terrorismo, el ejercito deberá emprender "acciones de carácter anticipatorio (...) sin límites geográficos definidos".
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
Los gastos del Estado en I+D militar se han estabilizado desde 1999, tras un espectacular aumento durante la primera legislatura del gobierno de Aznar. Inicialmente este aumento de la inversión en I+D militar se dedicó al desarrollo de tecnologías de comunicación y vigilancia en el contexto de las nuevas obligaciones de España tras su incorporación a la estructura militar de la OTAN (en contra de lo decidido en el referendum), así como al desarrollo y construcción del avión de combate europeo, el Eurofighter (que parece seguir teniendo algunos "defectillos"). Pero desde los presupuestos del presente año 2003, continuados en los del 2004, los proyectos a los que se dedican los fondos de I+D militar se han diversificado espectacularmente, incluyendo los carros de combate Leopardo y Pizarro, las fragatas F-100, los helicópteros de ataque Tigre, el submarino S-80, así como los misiles IRIS-T para el Eurofighter. Por tanto, la mayor parte de los fondos de I+D militar se destinan al diseño y construcción de armamento de carácter ofensivo, lo que deja en entredicho la "vocación humanitaria" del ejército español. Sin embargo, esta aparente contradicción quedó disipada esta semana, ya que, según declaró el presidente Aznar, en su lucha contra el terrorismo, el ejercito deberá emprender "acciones de carácter anticipatorio (...) sin límites geográficos definidos".
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
Irak y las resoluciones de la ONU
Durante este fin de semana hemos visto como el presidente Aznar ha exigido a Zapatero que apoye su política sobre Irak y rectifique sus críticas a la participación de España en la ocupación de dicho país. Esta reclamación se ha basado en la aprobación por unanimidad de la resolución 1511 en el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada. Esta invocación de las resoluciones del Consejo está siendo la herramienta que en los últimos meses ha utilizado José María Aznar para justificar su apoyo incondicional a la guerra preventiva del presidente Bush en Irak. Sin embargo, una lectura, no necesariamente en profundidad, de dichas resoluciones echa por tierra las pretensiones de Aznar.
Empezando por la 1441 aprobada el 8 de noviembre de 2002 y que se utilizó para justificar el ataque. En dicha resolución el Consejo de Seguridad decide conceder a Irak una última oportunidad de cumplir sus obligaciones en materia de desarme y, en consecuencia, instaurar un régimen de inspección forzada (punto 2); también decide que las falsedades u omisiones en las declaraciones presentadas por Iraq sobre su desarme así como la falta de cooperación constituirán una nueva violación grave de las obligaciones de Irak y se comunicarán al Consejo para su evaluación (punto 4). Como sabemos el tripartito EE.UU., Reino Unido y España intentó aprobar una resolución posterior basándose en este punto de la resolución 1441 (aún cuando los inspectores de la ONU reconocían que se estaban produciendo avances en la verificación del desarme y reclamaban más tiempo), resolución que no salió adelante (ni siquiera se votó, dado que no recibió apoyos previos suficiente y que Francia había manifestado su intención de vetarla). Aún así, y dado que la resolución 1441 advertía a Irak en su penúltimo punto que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondría a graves consecuencias (punto 13), el tripartito decidió en las Azores invadir Irak para destituir a Sadam. Por tanto, dicha invasión no contaba con el aval de una resolución del Consejo.
La falta de legalidad del ataque a Irak se concretó en la resolución 1483 (22 de mayo de 2003) en la que se reconocía (a petición propia) a EE.UU. y el Reino Unido como potencias ocupantes, instándoles a cumplir sus obligaciones en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 (en materia de las libertades de los combatientes, detenidos y civiles en un conflicto armado) (punto 5) (petición esta última que ya constaba en una resolución anterior, la 1472), así como a crear condiciones en que el pueblo iraquí pueda decidir libremente su propio futuro político (punto 4). Esta resolución se consideró un aval a posteriori del ataque, cuando en realidad lo que pretende es garantizar el bienestar del pueblo iraquí en una situación de ocupación militar (obviamente una resolución de condena a la ocupación hubiera contado con el veto de EE.UU.). Lo negativo de dicha resolución es que legaliza la transmisión a la Autoridad ocupante de la gestión de los beneficios de la venta del petróleo iraquí, antes usados en el Programa “Petróleo por Alimentos”, aunque sólo para su uso en la reconstrucción de Irak y hasta que se haya constituido un gobierno representativo y reconocido internacionalmente (punto 20).
Y llegamos finalmente a la resolución 1511 aprobada el pasado jueves (16 de octubre de 2003). Dicha resolución vuelve a exhortar a la Autoridad ocupante que devuelva las funciones y atribuciones de gobierno al pueblo iraquí tan pronto como sea viable (punto 6), tras reafirmar la soberanía y la integridad territorial de Irak y el carácter temporal de la Autoridad Provisional de la Coalición ocupante (punto 1). Además se autoriza a una fuerza multinacional bajo mando unificado a que tome todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en Irak con el objetivo de asegurar la celebración de elecciones democráticas y de contribuir a la seguridad de la Misión de la ONU y del Consejo de Gobierno (punto 13). La resolución no reconoce el mando de dicha fuerza a la Autoridad ocupante, si bien es obvio que los miembros de dicha fuerza no llevarán el casco azul de la ONU.
Creo que visto el contenido de las resoluciones, afirmar que “lo que se hace en Irak está bien” y “ahora hay unanimidad y otros ya han rectificado” (en referencia a Francia, Alemania y Rusia), es estirar interesadamente la interpretación de dichas resoluciones. Aunque el valor que Aznar da a las resoluciones del Consejo de Seguridad ha quedado meridianamente claro después de haberle oido hoy ensalzar los valores de las acciones de "carácter anticipatorio" y "sin límites geográficos".
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
Empezando por la 1441 aprobada el 8 de noviembre de 2002 y que se utilizó para justificar el ataque. En dicha resolución el Consejo de Seguridad decide conceder a Irak una última oportunidad de cumplir sus obligaciones en materia de desarme y, en consecuencia, instaurar un régimen de inspección forzada (punto 2); también decide que las falsedades u omisiones en las declaraciones presentadas por Iraq sobre su desarme así como la falta de cooperación constituirán una nueva violación grave de las obligaciones de Irak y se comunicarán al Consejo para su evaluación (punto 4). Como sabemos el tripartito EE.UU., Reino Unido y España intentó aprobar una resolución posterior basándose en este punto de la resolución 1441 (aún cuando los inspectores de la ONU reconocían que se estaban produciendo avances en la verificación del desarme y reclamaban más tiempo), resolución que no salió adelante (ni siquiera se votó, dado que no recibió apoyos previos suficiente y que Francia había manifestado su intención de vetarla). Aún así, y dado que la resolución 1441 advertía a Irak en su penúltimo punto que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondría a graves consecuencias (punto 13), el tripartito decidió en las Azores invadir Irak para destituir a Sadam. Por tanto, dicha invasión no contaba con el aval de una resolución del Consejo.
La falta de legalidad del ataque a Irak se concretó en la resolución 1483 (22 de mayo de 2003) en la que se reconocía (a petición propia) a EE.UU. y el Reino Unido como potencias ocupantes, instándoles a cumplir sus obligaciones en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 (en materia de las libertades de los combatientes, detenidos y civiles en un conflicto armado) (punto 5) (petición esta última que ya constaba en una resolución anterior, la 1472), así como a crear condiciones en que el pueblo iraquí pueda decidir libremente su propio futuro político (punto 4). Esta resolución se consideró un aval a posteriori del ataque, cuando en realidad lo que pretende es garantizar el bienestar del pueblo iraquí en una situación de ocupación militar (obviamente una resolución de condena a la ocupación hubiera contado con el veto de EE.UU.). Lo negativo de dicha resolución es que legaliza la transmisión a la Autoridad ocupante de la gestión de los beneficios de la venta del petróleo iraquí, antes usados en el Programa “Petróleo por Alimentos”, aunque sólo para su uso en la reconstrucción de Irak y hasta que se haya constituido un gobierno representativo y reconocido internacionalmente (punto 20).
Y llegamos finalmente a la resolución 1511 aprobada el pasado jueves (16 de octubre de 2003). Dicha resolución vuelve a exhortar a la Autoridad ocupante que devuelva las funciones y atribuciones de gobierno al pueblo iraquí tan pronto como sea viable (punto 6), tras reafirmar la soberanía y la integridad territorial de Irak y el carácter temporal de la Autoridad Provisional de la Coalición ocupante (punto 1). Además se autoriza a una fuerza multinacional bajo mando unificado a que tome todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en Irak con el objetivo de asegurar la celebración de elecciones democráticas y de contribuir a la seguridad de la Misión de la ONU y del Consejo de Gobierno (punto 13). La resolución no reconoce el mando de dicha fuerza a la Autoridad ocupante, si bien es obvio que los miembros de dicha fuerza no llevarán el casco azul de la ONU.
Creo que visto el contenido de las resoluciones, afirmar que “lo que se hace en Irak está bien” y “ahora hay unanimidad y otros ya han rectificado” (en referencia a Francia, Alemania y Rusia), es estirar interesadamente la interpretación de dichas resoluciones. Aunque el valor que Aznar da a las resoluciones del Consejo de Seguridad ha quedado meridianamente claro después de haberle oido hoy ensalzar los valores de las acciones de "carácter anticipatorio" y "sin límites geográficos".
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
"Gobierno en la sombra" en Irak
En relación con la presencia española en Irak, una noticia aparecida en Aljazeera.net y comentada por Riverbend puede tener la máxima trascendencia. Se trata de la proclamación de un “gobierno en la sombra” dirigido por el líder chií Moqtada Al-Sadr en la ciudad de Nayaf, localizada en la zona controlada por las tropas españolas. Al parecer es uno de los lideres más importantes entre la comunidad chií y fue excluido del gobierno provisional organizado por las fuerzas de ocupación. Riverbend nos comenta que sus seguidores pueden contarse por cientos de miles, quizás millones, y que en las últimas semanas ha organizado una milicia armada: el 'Ejército de Mehdi'. Ayer mandó un aviso a navegantes al reclamar "una fecha límite para la retirada de las tropas estadounidenses". En realidad, las fuerzas españolas ya han tenido que vérselas con Al-Sadr: hace pocos días los soldados españoles intentaron detener a Al-Sadr (al parecer acusado del secuestro de otro clérigo chií) e inmediatamente cientos de seguidores de Al-Sadr salieron a la calle y rodearon el edificio donde estaba. Los soldados españoles tuvieron que retirarse. Al día siguiente se produjo el enfrentamiento de los legionarios españoles contra un par de individuos armados, uno de los cuales resultó herido. Posiblemente ambos hechos no estén conectados. Pero claramente las fuerzas españolas están ya en el punto de mira de la resistencia iraquí, principalmente la de corte islamista (obviamente, el asesinato de Jose Antonio Bernál tiene esa motivación). Así que la situación española en Irak no va a ser fácil (frente a lo que Ana Palacio y Federico Trillo dijeron en su momento), y desgraciadamente las noticias de nuevos enfrentamientos y, posiblemente, de nuevas víctimas volverán a ocupar las cabeceras de los medios de comunicación.
Lo más triste de todo es que la mayoría de los españoles no entendemos que hace nuestro país actuando como “fuerza de ocupación” en Irak.
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
Lo más triste de todo es que la mayoría de los españoles no entendemos que hace nuestro país actuando como “fuerza de ocupación” en Irak.
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
Guinea Ecuatorial
La semana pasada visitó España Plácido Micó, principal dirigente de la oposición ecuatoguineana a Teodoro Obiang Nguema, tras el exilio de Severo Moto a mediados de los noventa (condenado en ausencia a 101 años de cárcel por los delitos de "alta traición" e "intento de asesinato del jefe del Estado”). Hacía dos meses que Plácido Micó había salido de la prisión de Black Beach (que hace honor a su nombre por ser uno de los principales centros de torturas del pais desde la época del terrorífico régimen de Macías, que murió fusilado tras el golpe de estado de Obiang en 1979). Micó había sido juzgado y condenado por su vinculación en una trama golpista en un macrojuicio (o “aberración jurídica” según los observadores) en junio de 2002, en el cual fueron condenados unas cincuenta personas que fueron adoptadas por Amnistía Internacional como presos de conciencia (dos de estos presos murieron en julio y agosto de 2002 como resultado de las deficientes condiciones penitenciarias y la falta de tratamiento médico para las lesiones sufridas cuando los torturaron). En su visita a España, Plácido Micó criticó la actitud del gobierno español hacía la situación de la antigua colonia española: “Creo que la política del Ejecutivo español con respecto al gobierno de Guinea es coja porque consiste solamente en una política de diálogo sin presión para que se respeten los derechos humanos y se democratice el país. No podemos más que lamentar que el Gobierno español se deje seducir por las promesas de Obiang” (El País, 27/9/2003).
La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial empeoró desde que en 1996 el país empezara a obtener los primeros ingresos derivados de los recursos petrolíferos hallados a comienzos de la década (y que permitió crecimientos “envidiables” del 72 % del PIB en 2001, cuando España crecía aproximadamente al 4%). Por ejemplo, en mayo de 1998 fueron juzgadas más de 110 personas de la etnia bubi en relación con unos asaltos a cuarteles militares. Muchos de los acusados fueron detenidos exclusivamente por su origen étnico. Al menos seis detenidos murieron tras ser torturados por las fuerzas de seguridad cuando estaban bajo custodia. El juicio militar sumario, que duró cinco días, no reunió las garantías procesales que exigen las normas internacionales. El consejo de guerra dictó 15 sentencias de muerte —que posteriormente fueron conmutadas por penas de prisión perpetua— y condenó a unas 70 personas a penas de entre 6 y 26 años de cárcel. Todas las condenas se basaron en confesiones obtenidas mediante tortura. Los delegados de Amnistía Internacional que asistieron al juicio en calidad de observadores vieron indicios claros de que los acusados habían sido torturados. Algunos tenían huesos fracturados en pies y manos y al menos a una decena de ellos les habían cercenado parte de las orejas con cuchillas de afeitar.
Sin embargo, el régimen ecuatoguineano (pseudo-multipartidista desde 1991: en las elecciones presidenciales de diciembre de 2002, Obiang obtuvo el 99,99% de los sufragios, superando su techo anterior de 99% en 1996) ha recibido los avales españoles (y estadounidenses) en los últimos años (a pesar de desencuentros anteriores). Así Obiang, en su novena visita a España en octubre de 2001, se entrevistó con el presidente del gobierno José María Aznar, y fue recibido en audiencia por el rey Juan Carlos I (el cual ya realizó una visita a Guinea Ecuatorial en diciembre de 1979, pocos meses después del golpe de estado, como antesala de la realizada por Obiang a España en la primavera de 1980). Y el 9 de abril de 2002, mientras en Guinea Ecuatorial la oposición, que meses atrás había formado una nueva plataforma unitaria de acción y resistencia, era el blanco de la enésima ola represiva (ver más arriba), Obiang hizo otro viaje público a España.
Como se ve, la defensa “real” de las libertades y de los derechos humanos más allá de las fronteras españolas no se encuentra en el primer punto de la agenda de asuntos exteriores del gobierno (véase por ejemplo la visita oficial hace pocos días de José María Aznar a Libia donde se entrevistó personalmente con el presidente Gadafi, si bien éste último ya ha sido plenamente “rehabilitado” por EE.UU.).
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial empeoró desde que en 1996 el país empezara a obtener los primeros ingresos derivados de los recursos petrolíferos hallados a comienzos de la década (y que permitió crecimientos “envidiables” del 72 % del PIB en 2001, cuando España crecía aproximadamente al 4%). Por ejemplo, en mayo de 1998 fueron juzgadas más de 110 personas de la etnia bubi en relación con unos asaltos a cuarteles militares. Muchos de los acusados fueron detenidos exclusivamente por su origen étnico. Al menos seis detenidos murieron tras ser torturados por las fuerzas de seguridad cuando estaban bajo custodia. El juicio militar sumario, que duró cinco días, no reunió las garantías procesales que exigen las normas internacionales. El consejo de guerra dictó 15 sentencias de muerte —que posteriormente fueron conmutadas por penas de prisión perpetua— y condenó a unas 70 personas a penas de entre 6 y 26 años de cárcel. Todas las condenas se basaron en confesiones obtenidas mediante tortura. Los delegados de Amnistía Internacional que asistieron al juicio en calidad de observadores vieron indicios claros de que los acusados habían sido torturados. Algunos tenían huesos fracturados en pies y manos y al menos a una decena de ellos les habían cercenado parte de las orejas con cuchillas de afeitar.
Sin embargo, el régimen ecuatoguineano (pseudo-multipartidista desde 1991: en las elecciones presidenciales de diciembre de 2002, Obiang obtuvo el 99,99% de los sufragios, superando su techo anterior de 99% en 1996) ha recibido los avales españoles (y estadounidenses) en los últimos años (a pesar de desencuentros anteriores). Así Obiang, en su novena visita a España en octubre de 2001, se entrevistó con el presidente del gobierno José María Aznar, y fue recibido en audiencia por el rey Juan Carlos I (el cual ya realizó una visita a Guinea Ecuatorial en diciembre de 1979, pocos meses después del golpe de estado, como antesala de la realizada por Obiang a España en la primavera de 1980). Y el 9 de abril de 2002, mientras en Guinea Ecuatorial la oposición, que meses atrás había formado una nueva plataforma unitaria de acción y resistencia, era el blanco de la enésima ola represiva (ver más arriba), Obiang hizo otro viaje público a España.
Como se ve, la defensa “real” de las libertades y de los derechos humanos más allá de las fronteras españolas no se encuentra en el primer punto de la agenda de asuntos exteriores del gobierno (véase por ejemplo la visita oficial hace pocos días de José María Aznar a Libia donde se entrevistó personalmente con el presidente Gadafi, si bien éste último ya ha sido plenamente “rehabilitado” por EE.UU.).
Desde la tierra de Lupe, un saludo.
